"El asesinato continúa siendo utilizado para callar el periodismo en el continente. En los últimos seis meses, seis periodistas fueron muertos en el ejercicio de su profesión. Tres de ellos en Colombia, uno en Haiti, Paraguay y Méjico, respectivamente. Al mismo tiempo, y sin que eso menoscabe la pérdida de vidas humanas, ocurrieron procesos sociales positivos en por lo menos tres países.

En Guatemala, el gobierno aceptó reiniciar las investigaciones del desaparecimiento, en 1980, de la periodista Irma Flaquer. Los esfuerzos de la SIP para terminar con la impunidad de los asesinatos y desapariciones de periodistas dieron, así, un paso adelante y muestran la importancia de persistir en esta tarea.

En Perú, las verdaderas batallas del periodismo y las investigaciones de reporteros sobre los abusos de la administración del presidente Fujimori trajeron una renovación positiva a la sociedad peruana y la consecuente reapertura democrática.

La Declaración sobre Libertad de Expresión elaborada por el relator especial y recientemente adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos significa un paso positivo en la lucha para reafirmar en el sistema legal interamericano los principios fundamentales de la democracia. La promulgación de esta Declaración muestra la dimensión de la conferencia continental realizada por la SIP en Méjico en 1994, de la cual surgió la Declaración de Chapultepec.

En Méjico, ocurrió el cambio de poder después de 71 años del gobierno de un sólo partido. Este hecho es fundamental para el establecimiento y funcionamiento real de la democracia, sin la cual es imposible el ejercicio pleno de la libertad de expresión. En ese sentido, es alentador que el nuevo gobierno haya ofrecido enviar al Congreso un antiproyecto de ley que permitiría el libre acceso a las informaciones públicas y que se muestre dispuesto a considerar el asesinato de periodistas como un crimen de jurisdición federal.

La persecución judicial al periodismo en Costa Rica, Jamaica, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela adquiere contornos preocupantes, visto que ese poder del Estado se convierte en un instrumento utilizado contra la libertad de prensa y para promover la autocensura. En este sentido, debemos acordarnos de las lecciones aprendidas con la administración Fujimori, en Perú.

También merece atención especial el caso de Costa Rica, donde un tribunal condenó el diario La Nación y uno de sus periodistas porque reprodujeron informaciones provenientes de reconocidas publicaciones europeas sobre corrupción de un funcionario público local en el exterior. Esta sentencia fue ramificada por la Tercera Sala de la Corte Suprema.

En Argentina, se anunció la apertura de centenas de procesos contra el diario El Liberal, de Santiago del Estero, que sigue siendo sometido a constantes ataques del gobernador de la provincia. En Jamaica, el diario The Gleaner está reclamando contra una sentencia que fijó una indemnización millonaria en un caso de difamación. En Brasil, varios diarios sufrieron un fuerte impacto financiero por el pago de indemnizaciones exageradas por aparentes daños morales. En Chile, la Ley de Seguridad del Estado y dos articulos del Código Penal están siendo utilizados para proteger a 300 funcionários públicos y ex funcionarios en confrontación con medios de comunicación. En Uruguay, un promotor pidió puniciones contra un periodista gráfico que fotografió a un personaje público. En la opinión del magistrado, esa fotografía fue solamente un acto de provocación.

Algunas ideas originadas en España corporativa en la era franquista reaparecen en países como Nicaragua, donde fue aprobada recientemente la ley de afiliación obligatória. En Honduras y Venezuela, continúan vigentes las exigencias de una licencia previa para ejercer el periodismo. En la provincia de Mendoza, en Argentina, y en Ecuador, se promueven proyectos de ley que exigen la afiliación o la posesión de diploma universitario para el ejercicio del derecho humano de buscar y difundir informaciones y opiniones. En ese sentido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, en su sexto principio que: "toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La afiliación obligatória o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La atividad periodística debe ser dirigida por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados".

En Cuba, el asédio y la persecución enfrentadas por periodistas independientes se suman ahora a una total ausencia de comunicación con el exterior.

Los periodistas de Venezuela y de todo el continente se muestran cada vez más preocupados con la escalada de agresiones verbales directas a la prensa por parte del gobierno, sobretodo por el presidente Hugo Chavez. La finalidad de esa política no puede ser otra que ejercer el control absoluto en la divulgación de informaciones y opiniones propias de regimenes autoritarios.