La lucha por la libertad de prensa y expresión en las Américas, orientada por la Sociedad Interamericana de Prensa, gana fuerzas con la firma de la Declaración de Liberdad de Prensa de la Organización de Estados Americanos (OEA). Según el periodista Jaime Sirotsky, la Declaración rompe todas las fronteras para la defensa de la libertad.

Activista convicto de SIP y de sus ideales. Es como se autodefine el brasilero de Rio Grande do Sul, Jayme Sirotsky, presidente del Comite Interamericano de la Sociedad Interamericana de Prensa, director del grupo RBS de Comunicación y ex-presidente de la Asociación Mundial de Periódicos, para quién el Brasil vive una nueva etapa. "Nunca vivimos un momento como el de hoy".

Y explica el motivo: la libertad de expresión en todas las Américas, que es ampliamente defendida por SIP desde 1926, época en que fue desarrollado el concepto que originó su creación y reforzado hace poco más de dos semanas, con la firma final de la Declaración de Liberdad de Prensa de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington (EUA). La Declaración tuvo una participación muy expresiva de SIP en su construcción, principalmente por causa de la Declaración de Chapultepec, elaborada en 1994 por la entidad.

Según Sirotsky, el significado de la Declaración es que el conjunto de las naciones de OEA está preocupado en producir documentos que se puedan sobreponer a las naciones, en los cuales los valores humanos son más importantes. "Ahora no hay más fronteras para la defensa de la libertad de expresión", calcula.

Además, dice Sirotsky, "este acuerdo es otro de los tantos ladrillos necesários para la construcción de una sociedad donde la libertad de prensa es plena. Para él, la Declaración de Liberdad de Prensa de la Organización de Estados Americanos (OEA) irá desestimular actitudes arbitrárias volcadas para la supresión de los derechos de los ciudadanos, tales como la toma del poder a travez de golpes militares, como ocurrió en el pasado o por clones del ex-presidente Alberto Fujimori, de Peru. "Es un dominio nuevo dentro del universo de la ley y, bajo este aspecto, esta es una de las Declaraciones más preciosas de la actualidad", declara.

Como ejemplo de esta nueva realidad, se indica la solución para el caso de la periodista guatemalteca Irma Flaquer, muerta en 1980. A través de una acción conjunta entre SIP y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de OEA, el gobierno de Guatemala hizo un acuerdo histórico reconociendo que el Estado tuvo culpa en su desaparición e indemnizará a su familia y a la propia sociedad. "El caso es un ejemplo del tipo de actuación que será posible a partir del trabajo conjunto de SIP con la Declaración de OEA".

"SIP defiende la forma más cara de libertad, que es la de expresión. Sin ella, no hay libertad, de ninguna forma", dice Sirotsky. La Declaración de Chapultepec es uno de los elementos más expresivos de esta forma de defender la libertad de expresión, cree él. "Fui jefe del Comite de Ética en la Comunicación durante la elaboración de la Declaración y tuve el honor de tener, en la misma mesa de debates, el premio nobel Octávio Paz". Para él, la Declaración de Chapultepec fué y es un marco en el periodismo y vino a sumarse a los esfuerzos de SIP".

Irma Flaquer: caso 11.766

Entender la vida y la probable muerte de la periodista Irma Flaquer es entender la violencia institucional que sofocó las voces y eventualmente dió fin a las vidas de tantos periodistas y de otros durante la década de 60, 70 y 80, en varios países de América Latina. En las palabras de Ronalth Ochaeta, director del Escritorio Episcopal de Derechos Humanos de Guatemala, es "una manera de devolver la dignidad a la nación. Si no hay historia, no hay presente. Y si no hay presente, no hay futuro".

Irma Flaquer Azurdia fué secuestrada el 16 de octubre de 1980, cuando también fué asesinado su hijo Fernando Valle, 24. El auto en que viajaban fué interceptado por varios hombres. El hijo fué baleado mortalmente e Irma forzada a entrar en una camioneta. Se cree que la hallan matado en aquella misma noche.

El 11 de marzo de 1997, con base en las investigaciones realizadas en Guatemala, SIP presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resultados de la investigación del caso de Irma Flaquer, identificado con el número 11.766. Junto con las investigaciones de SIP, la Comisión responsabilizó al Estado de Guatemala por el secuestro y desaparición de la periodista y por el asesinato de su hijo, y destacó que faltó el Estado "gravemente en su deber de investigar y sancionar los hechos, violando el derecho a la justicia".